Escuela de Privacidad

agosto 18, 2023

Mediante la Resolución 2986 de febrero 01 de 2023, por la cual se resuelve un recurso de apelación, la SIC precisa al DAFP

Existe una confusión en la calificación que el DAFP le otorga a la información que consignan las personas de manera general, pues califica todos esos datos como públicos. Por lo que según la SIC, no es correcto afirmar que dicha información sea de carácter público y que por ende sea de libre acceso por parte de la ciudadanía, por cuanto, existe la obligación de categorizar la información personal de los funcionarios y/o contratistas como datos particulares, privados o semiprivados al tratarse de persona naturales y de denegar el acceso a esta según su clasificación.
La SIC precisa, que el DAFP tiene como deber legal el de velar por la custodia de la información y no por el hecho de pertenecer a servidores públicos y/o contratistas significa que no deban ser protegidos de acuerdo a la ley.
La SIC finaliza indicando que las entidades públicas solo pueden tratar los datos para los fines señalados en la ley, de manera que la finalidad debe estar previamente definida para poder recolectar, usar o circular esa información, por lo que no se trata de finalidades en abstracto, sino de propósitos concretos previamente autorizados por la Constitución y en la ley.